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UN MÉTODO CUANTO MENOS DUDOSO

Deja a dos pueblos enteros sin internet por intentar que sus hijos no usen las redes sociales

El plan para tratar de que su hijo no jugará a videojuegos se le fue de las manos, terminando con una multa de casi 30.000 euros.

Deja a dos pueblos enteros sin internet por intentar que sus hijos no usen las redes sociales Envato

Hay padres que no llevan nada bien el que sus hijos pasen el tiempo libre jugando a videojuegos, especialmente los títulos online, pero también las redes sociales; por supuesto siempre y cuando se midan las horas frente a la pantalla y este hobbie no impida centrarse en los estudios y los amigos. Como decimos, hay padres que toman medidas desesperadas con tal de que su hijo suelte el mando o el móvil.

Este ha sido el caso de un padre francés, quien tratando de evitar que sus hijos siguieran delante de la pantalla ha tomado cartas en el asunto de tal manera que está a la espera de una condena que podría llevarlo seis meses a prisión y una multa de hasta 30.000 euros.

Tal y como informan desde el medio France Bleu, el padre utilizó un inhibidor de señal para bloquear el acceso a internet a sus hijos. La jugada desde luego le salió bien, salvo por varios detalles. El primero de ellos y más importante es su uso. El inhibidor de señales está completamente prohibido en Francia, entre otros países por motivos más que evidentes: la imposibilidad de realizar llamadas en caso de emergencia.

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No cabe duda de que consiguió lo que quería, dejar a sus hijos sin internet; pero también a su propio municipio e incluso al pueblo vecino. Fue la propia Agencia Nacional de Frecuencias Francesa (ANFR) quien tuvo que investigar lo ocurrido, llegando al origen de los problemas y constantes llamadas de los vecinos.

Tras investigar los hechos ocurridos en Landas y Messanges, la ANFR llegó al desencadenante del problema; poniendo en manos de la fiscalía el caso. Tal y como destacan desde la Agencia Nacional de Frecuencias Francesa, el uso de este tipo de inhibidores está ligado a multas de 450 euros para la agencia, pero también 30.000 euros y hasta seis meses de prisión.

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